La paz no se escribe, se construye

“El DIH no es un ente abstracto que pueda ser reducido a discursos vacíos, sino un marco que debería guiar las operaciones diarias de todas las partes en conflicto, estatales y no estatales, y debe ser aplicado por cada uno de sus integrantes sin importar su rango. […] El respeto del DIH no solo ofrece un camino claro para lograrlo, sino que constituye una obligación urgente e ineludible”.

Olivier Dubois - Jefe de la Delegación Regional del CICR en Bogotá

En la tercera década del siglo XXI, Colombia transita por una violación sistemática a los derechos humanos. El informe publicado por el CICR en mayo de 2026 indica que “en 2025, las consecuencias humanitarias de los conflictos armados en Colombia alcanzaron el nivel más grave de la última década. Este deterioro no se explica únicamente por la intensificación de las hostilidades, sino también por la forma en que se condujeron y por el trato que recibió la población civil, en un contexto marcado por la falta de respeto del derecho internacional humanitario (DIH)”.

La Defensoría del Pueblo en Colombia, como parte del Ministerio Público, se creó en la Constitución Política de 1991, con base en modelos como el sueco (1809) y el español (1981), pioneros en defender los derechos individuales y colectivos frente al Estado. Su función principal, según el artículo 282 de la Constitución y desarrollada en el Decreto 025 de 2014, es velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos, con la facultad de hacer recomendaciones públicas y de interponer acciones de defensa de la Constitución, la ley y el interés general.

La Constitución Política le otorga al Defensor del Pueblo el poder de ser una autoridad moral (llamada jurídicamente magistratura moral). La Defensoría “es una especie de poder moral y simbólico que deriva de su capacidad de influir debido a la credibilidad y al respeto que generen sus actuaciones, sus informes y sus denuncias. Por ejemplo, en Suecia, el Ombudsman, que sirvió de modelo a las Defensorías del mundo, puede solicitar a un funcionario que corrija un problema que afecta a un ciudadano, pero su recomendación no es obligatoria. Sin embargo, es muy raro que el funcionario criticado deje de cumplirla no sólo por el respeto que genera el Ombudsman, sino porque los medios, que siguen de cerca sus informes, criticarían duramente a cualquiera que no cumpla con esa recomendación” (Rodrigo Uprimny). Dicho de otra manera, “sus opiniones, informes y recomendaciones tienen la fuerza que les proporcionan la Constitución Nacional, la ley, la sociedad, su independencia, sus calidades morales y su elevada posición dentro del Estado” (Soraya Pérez).

El 6 de septiembre, la Defensora del Pueblo emitió un pronunciamiento en el marco de sus funciones, en el que recuerda que, entre otras cosas, “incluso en la guerra existen límites” y que “la legitimidad no nace del miedo que el Estado pueda infundir, sino de la confianza que es capaz de inspirar”. La paz requiere el respeto de los derechos humanos de todas y de todos. Por eso, desde la Fundación Camino Vital invitamos a recordar que en manos de cada persona está la defensa de los derechos humanos y la construcción de paz.

“Los derechos humanos son universales, inherentes, inalienables, incondicionados, esenciales, indivisibles, interdependientes, intangibles, imprescriptibles, inviolables”. El papel aguanta todo. Hay leyes, informes, normas sobre derechos humanos, pero de poco sirven si no se traducen en hechos concretos. Invertir en la paz significa proteger, acompañar, acoger a quienes han sido desplazados por el conflicto, protegiendo la dignidad de las mujeres en movilidad y respaldar a quienes, como la Defensoría del Pueblo, alzan la voz cuando actores vulneran los derechos. En medio de tantas tragedias en Colombia y en el mundo, nos sumamos a la conmemoración del Día Internacional de la Paz porque seguimos teniendo esperanza. Respaldar a la Defensoría no es un gesto simbólico: es sostener una de las pocas instituciones que, sin poder sancionatorio, insiste en que los derechos humanos se cumplan.